Cambio Ley Tributaria por COVID. La Administración modifica la Ley Tributaria para que Hacienda pueda efectuar inspecciones por videoconferencia. Esta novedosa viabilidad necesitará de la aprobación del contribuyente.

El Gobierno ha modificado actualmente la Ley General Tributaria que reglamenta el trato entre los contribuyentes y la Administración para insertar la oportunidad de efectuar comprobaciones mediante videoconferencia y acomodarse de este modo a la nueva situación a distancia que ha producido el COVID-19.

Concretamente, la modificación en la Ley se incluyó en el Real Decreto-Ley 22/2020. Admitido el 17 de junio por el que la Administración organiza la instauración del Fondo COVID-19 e implantó las normas relativas a la participación de los 16.000 millones de euros que engloba entre las CCAA.

Según se decreta en la ordenanza de la Jefatura del Estado difundida en el Boletín Oficial del Estado (BOE). A partir del 17 de junio, las acciones de la Administración y de los forzados  contribuyentes en los procesos de servicio de los tributos podrán hacerse a través de sistemas digitales que, mediante la videoconferencia u otro método parecido, concedan la comunicación simultánea y bidireccional de sonido e imagen. Además del contacto verbal, visual y auditivo entre los contribuyentes y el organismo pertinente. Resumiendo, se conceden las inspecciones fiscales por videollamada.

La aplicación del nuevo método que queda manifestado en un apartado nuevo del artículo 99 de la Ley General Tributaria, el 99.9. Se realizará cuando lo marque la Administración Tributaria pero necesitará la aprobación del contribuyente en correspondencia con su empleo y con la hora y fecha de su tratamiento. Según se determina actualmente en el apartado 1.e del artículo 151.

Con esta disposición, la Administración busca beneficiar la actuación de derechos y el acatamiento de las atenciones tributarias de los contribuyentes. Sobre todo en un contenido de nueva normalidad ante los efectos de la dificultad sanitaria producida por la pandemia.

El COVID-19 ha forzado en los últimos meses a regular el modo de actuar de la mayoría de los trámites administrativos. En el caso de la Agencia Tributaria, las oficinas se cerraron hasta nueva comunicación. La tratamiento asistencial regresó el 8 de junio por medio de  citación previa. Y se extendieron los períodos para trámites concretos en el marco del Real Decreto-Ley 8/2020 de medidas urgentes excepcionales para hacer frente a la repercusión financiera y nacional del COVID-19.

La realización telemática a la que muchísimos contribuyentes están todavía en contra. Se situó como la exclusiva mientras durara el estado de alarma. Y podría haber conseguido permanecer. Según se deduce del reajuste de la Ley para beneficiar algunas gestiones mediante la videollamada.

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