Procedimiento Monitorio. Un camino rápido y eficiente para la reclamación de deudas.

Procedimiento Monitorio. Cuando se ha impagado una deuda y se haya consumido o no la demanda extrajudicial, es recomendable asistir a la vía judicial para la restauración del crédito. En esta dirección y dependiendo de las propiedades de la deuda, la Ley de Procedimiento Civil dispone distintos caminos legales por los cuales se puede demandar los préstamos impagados.

Uno de estos métodos es el Proceso Monitorio. Es una tramitación legal elaborada por la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 para la demanda de deudas sin límite de cantidad, que se presenta como una herramienta fácil, rápida y valida que conlleva enormes porcentajes de victoria en la realización del cobro.

Con una documentos básicos que certifiquen la deuda (contratos, facturas, albaranes, etc.), se podrá mostrar en el Juzgado conveniente al de la dirección del endeudado la solicitud  primitiva de abono frente al acreedor. Aceptada por el Juez la demanda inicial de desembolso acompañada de expediente acreditativo de la deuda, éste solicitará al deudor pague para que en 20 días o demuestre sus motivos de su impagado.

Si en este vencimiento el endeudado no responde o realiza el abono del capital solicitado, el Juez decretará Auto manifestando la finalización del caso, archivando el Procedimiento Monitorio. Este documento lleva dispuesto despacho de cumplimiento, por lo que en asunto de no haberse efectuado el abono, podrá solicitarse ante el propio juzgado que lo pronunció la actuación obligatoria frente a sus posesiones, actuales y futuras.

Si el endeudado se opone por no contemplar verdadera la deuda, el Juez comenzará al archivo de los autos de Procedimiento Monitorio y ordenará que se prosiga con la tramitación por el procedimiento declarativo oportuno, ordinario o verbal, dependiendo de su coste.

Si en el Procedimiento Monitorio se solicita un valor superior a 2.000 €. En la tramitación declarativa procedente de la oposición. lo primero, será obligatorio la mediación de abogado y procurador. Las sentencias que se pronuncien como resultado de la oposición del citado. Surtirán consecuencias de “causa juzgada” en toda su dilatación y extensión. Y además serán irrecurribles ante la segunda demanda en el tema de que la suma solicitada no sea mayor de 3.000 euros.

Introducida la solicitud judicial. El endeudado puede conformarse y abonar en cualquier instante del Procedimiento Monitorio. Derechamente al acreedor o depositando al completo o parcialmente la cuantía demandada. En una cuenta del juzgado autorizada para esta consecuencia. Pudiendo avanzar con la demanda. Y en su proceso la ejecución por el importe que reste incompleto de pago.

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Cambio Ley Tributaria por COVID. La Administración modifica la Ley Tributaria para que Hacienda pueda efectuar inspecciones por videoconferencia. Esta novedosa viabilidad necesitará de la aprobación del contribuyente.

El Gobierno ha modificado actualmente la Ley General Tributaria que reglamenta el trato entre los contribuyentes y la Administración para insertar la oportunidad de efectuar comprobaciones mediante videoconferencia y acomodarse de este modo a la nueva situación a distancia que ha producido el COVID-19.

Concretamente, la modificación en la Ley se incluyó en el Real Decreto-Ley 22/2020. Admitido el 17 de junio por el que la Administración organiza la instauración del Fondo COVID-19 e implantó las normas relativas a la participación de los 16.000 millones de euros que engloba entre las CCAA.

Según se decreta en la ordenanza de la Jefatura del Estado difundida en el Boletín Oficial del Estado (BOE). A partir del 17 de junio, las acciones de la Administración y de los forzados  contribuyentes en los procesos de servicio de los tributos podrán hacerse a través de sistemas digitales que, mediante la videoconferencia u otro método parecido, concedan la comunicación simultánea y bidireccional de sonido e imagen. Además del contacto verbal, visual y auditivo entre los contribuyentes y el organismo pertinente. Resumiendo, se conceden las inspecciones fiscales por videollamada.

La aplicación del nuevo método que queda manifestado en un apartado nuevo del artículo 99 de la Ley General Tributaria, el 99.9. Se realizará cuando lo marque la Administración Tributaria pero necesitará la aprobación del contribuyente en correspondencia con su empleo y con la hora y fecha de su tratamiento. Según se determina actualmente en el apartado 1.e del artículo 151.

Con esta disposición, la Administración busca beneficiar la actuación de derechos y el acatamiento de las atenciones tributarias de los contribuyentes. Sobre todo en un contenido de nueva normalidad ante los efectos de la dificultad sanitaria producida por la pandemia.

El COVID-19 ha forzado en los últimos meses a regular el modo de actuar de la mayoría de los trámites administrativos. En el caso de la Agencia Tributaria, las oficinas se cerraron hasta nueva comunicación. La tratamiento asistencial regresó el 8 de junio por medio de  citación previa. Y se extendieron los períodos para trámites concretos en el marco del Real Decreto-Ley 8/2020 de medidas urgentes excepcionales para hacer frente a la repercusión financiera y nacional del COVID-19.

La realización telemática a la que muchísimos contribuyentes están todavía en contra. Se situó como la exclusiva mientras durara el estado de alarma. Y podría haber conseguido permanecer. Según se deduce del reajuste de la Ley para beneficiar algunas gestiones mediante la videollamada.

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