Cambio Ley Tributaria por COVID. La Administración modifica la Ley Tributaria para que Hacienda pueda efectuar inspecciones por videoconferencia. Esta novedosa viabilidad necesitará de la aprobación del contribuyente.

El Gobierno ha modificado actualmente la Ley General Tributaria que reglamenta el trato entre los contribuyentes y la Administración para insertar la oportunidad de efectuar comprobaciones mediante videoconferencia y acomodarse de este modo a la nueva situación a distancia que ha producido el COVID-19.

Concretamente, la modificación en la Ley se incluyó en el Real Decreto-Ley 22/2020. Admitido el 17 de junio por el que la Administración organiza la instauración del Fondo COVID-19 e implantó las normas relativas a la participación de los 16.000 millones de euros que engloba entre las CCAA.

Según se decreta en la ordenanza de la Jefatura del Estado difundida en el Boletín Oficial del Estado (BOE). A partir del 17 de junio, las acciones de la Administración y de los forzados  contribuyentes en los procesos de servicio de los tributos podrán hacerse a través de sistemas digitales que, mediante la videoconferencia u otro método parecido, concedan la comunicación simultánea y bidireccional de sonido e imagen. Además del contacto verbal, visual y auditivo entre los contribuyentes y el organismo pertinente. Resumiendo, se conceden las inspecciones fiscales por videollamada.

La aplicación del nuevo método que queda manifestado en un apartado nuevo del artículo 99 de la Ley General Tributaria, el 99.9. Se realizará cuando lo marque la Administración Tributaria pero necesitará la aprobación del contribuyente en correspondencia con su empleo y con la hora y fecha de su tratamiento. Según se determina actualmente en el apartado 1.e del artículo 151.

Con esta disposición, la Administración busca beneficiar la actuación de derechos y el acatamiento de las atenciones tributarias de los contribuyentes. Sobre todo en un contenido de nueva normalidad ante los efectos de la dificultad sanitaria producida por la pandemia.

El COVID-19 ha forzado en los últimos meses a regular el modo de actuar de la mayoría de los trámites administrativos. En el caso de la Agencia Tributaria, las oficinas se cerraron hasta nueva comunicación. La tratamiento asistencial regresó el 8 de junio por medio de  citación previa. Y se extendieron los períodos para trámites concretos en el marco del Real Decreto-Ley 8/2020 de medidas urgentes excepcionales para hacer frente a la repercusión financiera y nacional del COVID-19.

La realización telemática a la que muchísimos contribuyentes están todavía en contra. Se situó como la exclusiva mientras durara el estado de alarma. Y podría haber conseguido permanecer. Según se deduce del reajuste de la Ley para beneficiar algunas gestiones mediante la videollamada.

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Cambio Ley Tributaria por COVID

En evidencia las prácticas recaudatorias de Hacienda. Se pone en evidencia las prácticas recaudatorias de Hacienda hacia los contribuyentes.

CAMPAÑA DE RECAUDACIÓN

Desde el final del Estado de Alarma, Hacienda ha lanzado una campaña de recaudación hacia los contribuyentes para la ahogarlos a revisiones, inspecciones, y en definitiva para recaudar. Desde que Hacienda ha informatizado y automatizado gran parte de sus procesos de revisión e inspección, muchos recursos han comenzado a expedirse de una forma prácticamente automática cuando los datos que tiene la administración no coinciden con los del contribuyente.

Todas estas medidas que a la hora de recaudar y verificar datos son muy ágiles tienen sus contras, y es que esa automatización puede hacer que en muchos casos, a pesar de que el contribuyente haya puesto un recurso contra algún acto de la administración, ésta, por no haber procesado las alegaciones o la solicitud por no ser un proceso aún automatizado, emita desde liquidaciones pasando por apremios y llegando incluso a embargos.

El Tribunal Supremo ha validado una acción que de forma “manual” ya estaba pasando. Y es que cuando nos encontrábamos en algún caso como los expuestos en el punto anterior debíamos presentar alegaciones contra el apremio y/o embargo y esperar a que dicho recurso se resolviera.

HACIENDA DISPONE DE 6 MESES

Como sabrá el lector, hacienda dispone de hasta 6 meses para resolver expedientes por lo que el apremio podía pasar perfectamente a embargo sin haber resuelto las alegaciones previas del contribuyente. En estos casos, con las oficinas de la administración abiertas, el contribuyente tenía la posibilidad de personarse presencialmente en la Administración para que resolviera; sin embargo, con la situación derivada del Covid, esto ya no es posible.

Nos encontramos, con todo, con la decisión de la Sala 3ª del Tribunal Superior que ha resuelto contra la Administración diciendo que cuando exista un recurso o impugnación administrativa no se puede ejercer ningún tipo de providencia de apremio y por tanto imposibilita ir directamente contra los bienes del deudor sin resolver previamente el recurso de forma expresa y por tanto omitiendo la posibilidad del silencio positivo.

El Alto Tribunal Supremo afirma que se han dedicado por parte de hacienda tiempo y recursos a emitir el apremio mientras que ese tiempo podría haberse dedicado a resolver en tiempo y forma el recurso del contribuyente en cuestión evitando así que se aplique de forma persistente y “recusable” práctica del silencio negativo como alternativa u opción ilegítima de resolver.

Y es que de forma muy clara se cita en la sentencia que “No se comprende bien que se apremie la deuda tributaria antes de resolverse de forma expresa el recurso de reposición que, teóricamente, podría dar al traste con el acto de cuya ejecución se trata; y, una vez, en su caso, desestimado explícitamente éste, cabría, entonces sí, dictar esa providencia de apremio”.

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