Cambio Ley Tributaria por COVID. La Administración modifica la Ley Tributaria para que Hacienda pueda efectuar inspecciones por videoconferencia. Esta novedosa viabilidad necesitará de la aprobación del contribuyente.

El Gobierno ha modificado actualmente la Ley General Tributaria que reglamenta el trato entre los contribuyentes y la Administración para insertar la oportunidad de efectuar comprobaciones mediante videoconferencia y acomodarse de este modo a la nueva situación a distancia que ha producido el COVID-19.

Concretamente, la modificación en la Ley se incluyó en el Real Decreto-Ley 22/2020. Admitido el 17 de junio por el que la Administración organiza la instauración del Fondo COVID-19 e implantó las normas relativas a la participación de los 16.000 millones de euros que engloba entre las CCAA.

Según se decreta en la ordenanza de la Jefatura del Estado difundida en el Boletín Oficial del Estado (BOE). A partir del 17 de junio, las acciones de la Administración y de los forzados  contribuyentes en los procesos de servicio de los tributos podrán hacerse a través de sistemas digitales que, mediante la videoconferencia u otro método parecido, concedan la comunicación simultánea y bidireccional de sonido e imagen. Además del contacto verbal, visual y auditivo entre los contribuyentes y el organismo pertinente. Resumiendo, se conceden las inspecciones fiscales por videollamada.

La aplicación del nuevo método que queda manifestado en un apartado nuevo del artículo 99 de la Ley General Tributaria, el 99.9. Se realizará cuando lo marque la Administración Tributaria pero necesitará la aprobación del contribuyente en correspondencia con su empleo y con la hora y fecha de su tratamiento. Según se determina actualmente en el apartado 1.e del artículo 151.

Con esta disposición, la Administración busca beneficiar la actuación de derechos y el acatamiento de las atenciones tributarias de los contribuyentes. Sobre todo en un contenido de nueva normalidad ante los efectos de la dificultad sanitaria producida por la pandemia.

El COVID-19 ha forzado en los últimos meses a regular el modo de actuar de la mayoría de los trámites administrativos. En el caso de la Agencia Tributaria, las oficinas se cerraron hasta nueva comunicación. La tratamiento asistencial regresó el 8 de junio por medio de  citación previa. Y se extendieron los períodos para trámites concretos en el marco del Real Decreto-Ley 8/2020 de medidas urgentes excepcionales para hacer frente a la repercusión financiera y nacional del COVID-19.

La realización telemática a la que muchísimos contribuyentes están todavía en contra. Se situó como la exclusiva mientras durara el estado de alarma. Y podría haber conseguido permanecer. Según se deduce del reajuste de la Ley para beneficiar algunas gestiones mediante la videollamada.

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Cambio Ley Tributaria por COVID

Negación residencia con antecedentes penales. Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). España no puede rechazar la residencia a un extranjero automáticamente por poseer historial de antecedentes penales.

Negación residencia con antecedentes penales. Un historial de penales no puede anular una tramitación de autorización de permiso de residencia de manera automática. De este modo lo ha dictado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Los jueces deben satisfacer al asunto preciso. Y examinar cada una de las circunstancias. Esto lo decreta el Alto Tribunal.

• El veredicto, notificado el pasado 03 de septiembre desde Luxemburgo. Indica que la Ley de Extranjería española contradice a la norma europea. España autorizaba la prohibición automática de estos permisos. Sin tener en cuenta aspectos concretos. Como la asociación con el territorio, la importancia de los delitos. O el probable riesgo para el orden público. El TJUE concluye que este ejercicio es contrario a la normativa de la Unión Europea. Y los juzgados españoles deberán modificar esta disciplina.

Negación residencia con antecedentes penales. La contestación del TJUE aparece del argumento prejudicial mostrada por 2 juzgados de lo contencioso-administrativo de Barcelona. Cada juez sabe la postulación de nacionales de terceros países. Esto es, ciudadanos de países no comunitarios. Uno y otro pidieron a España una autorización de larga permanencia. Pero la Administración les desestimó la petición. Por su historial de antecedentes penales.

El Tribunal Supremo ya estableció su doctrina sobre este tema en 2018. En aquel tiempo publicó un veredicto en la que, basándose en el Real Decreto 557/2011. Que reglamenta los derechos de los extranjeros en España. Dictó que sin duda alguna, se podía rechazar la licencia de residencia. Exclusivamente por este motivo.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea pronuncia actualmente que la Directiva. Se contrapone a la norma española de Ley de Extranjería. Según la cual puede prohibirse al ciudadano de un tercer país el régimen de residente de larga permanencia en España. Por el simple hecho de que tenga antecedentes penales. Sin comprobar exclusivamente su circunstancia por lo que corresponde. Específicamente a la condición de la infracción que haya realizado. Además del riesgo que puede caracterizar para la seguridad pública o el orden público. Y el tiempo de su residencia en jurisdicción española y a la presencia de relaciones con España.

• El Tribunal de Justicia recalca. Que para utilizar adecuadamente la Directiva. La viabilidad de rechazar el reglamento de habitante de larga permanencia. A un nacional de un tercer país. Por cuestiones de orden público o de seguridad pública debe decretarse en la clasificación legal interna de un Estado. Participante con la especificación. Además de exactitud y claridad solicitada para certificar la seguridad jurídica. Agrega que concierne a los juzgados corroborar que el Derecho español. Comprende una condición que agrupe estas propiedades.
• En cuanto a si esa condición puede determinar que la simple presencia de antecedentes penales del interesado. Es suficiente para prohibirle el reglamento de residente de larga permanencia. Por causas de seguridad pública o de orden público. El Tribunal de Justicia señala que de la Directiva se deduce que una negativa. De esta importancia conlleva que se examinen. Además de que se valoren diferentes elementos. Por un lado, la severidad o la condición de infracción cometida. Por el individuo en cuestión. Además del riesgo que esta representa para el orden público. O la seguridad pública. Y por otro lado, el tiempo de su residencia en el Estado participante de acogida. Y sus puntuales lazos con este Estado miembro.
• Esto requiere una valoración tema por tema. De modo que queda desechada la probabilidad de rechazar el estatuto de residente de larga persistencia al individuo. Por el puro hecho de que tenga historial de antecedentes penales. Sea cual sea la condición de estos. Por lo tanto, las autoridades competentes de un Estado miembro. No pueden contemplar automáticamente que corresponde rechazar el estatuto de residente de larga. Continuación al oriundo de un tercer país por causas de orden público. Por convenio a la Directiva, por el simple hecho de haber sido procesado por una infracción.

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Negación residencia con antecedentes penales

En evidencia las prácticas recaudatorias de Hacienda. Se pone en evidencia las prácticas recaudatorias de Hacienda hacia los contribuyentes.

CAMPAÑA DE RECAUDACIÓN

Desde el final del Estado de Alarma, Hacienda ha lanzado una campaña de recaudación hacia los contribuyentes para la ahogarlos a revisiones, inspecciones, y en definitiva para recaudar. Desde que Hacienda ha informatizado y automatizado gran parte de sus procesos de revisión e inspección, muchos recursos han comenzado a expedirse de una forma prácticamente automática cuando los datos que tiene la administración no coinciden con los del contribuyente.

Todas estas medidas que a la hora de recaudar y verificar datos son muy ágiles tienen sus contras, y es que esa automatización puede hacer que en muchos casos, a pesar de que el contribuyente haya puesto un recurso contra algún acto de la administración, ésta, por no haber procesado las alegaciones o la solicitud por no ser un proceso aún automatizado, emita desde liquidaciones pasando por apremios y llegando incluso a embargos.

El Tribunal Supremo ha validado una acción que de forma “manual” ya estaba pasando. Y es que cuando nos encontrábamos en algún caso como los expuestos en el punto anterior debíamos presentar alegaciones contra el apremio y/o embargo y esperar a que dicho recurso se resolviera.

HACIENDA DISPONE DE 6 MESES

Como sabrá el lector, hacienda dispone de hasta 6 meses para resolver expedientes por lo que el apremio podía pasar perfectamente a embargo sin haber resuelto las alegaciones previas del contribuyente. En estos casos, con las oficinas de la administración abiertas, el contribuyente tenía la posibilidad de personarse presencialmente en la Administración para que resolviera; sin embargo, con la situación derivada del Covid, esto ya no es posible.

Nos encontramos, con todo, con la decisión de la Sala 3ª del Tribunal Superior que ha resuelto contra la Administración diciendo que cuando exista un recurso o impugnación administrativa no se puede ejercer ningún tipo de providencia de apremio y por tanto imposibilita ir directamente contra los bienes del deudor sin resolver previamente el recurso de forma expresa y por tanto omitiendo la posibilidad del silencio positivo.

El Alto Tribunal Supremo afirma que se han dedicado por parte de hacienda tiempo y recursos a emitir el apremio mientras que ese tiempo podría haberse dedicado a resolver en tiempo y forma el recurso del contribuyente en cuestión evitando así que se aplique de forma persistente y “recusable” práctica del silencio negativo como alternativa u opción ilegítima de resolver.

Y es que de forma muy clara se cita en la sentencia que “No se comprende bien que se apremie la deuda tributaria antes de resolverse de forma expresa el recurso de reposición que, teóricamente, podría dar al traste con el acto de cuya ejecución se trata; y, una vez, en su caso, desestimado explícitamente éste, cabría, entonces sí, dictar esa providencia de apremio”.

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